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Dada
la hipersensibilidad social del momento respecto a los asuntos económicos, y
puesta la lupa en los gastos derivados de la actividad política (cuestión que debería
ser transparente), los despropósitos, argucias y fraudes cometidos a nivel
individual se convierten en bombas de racimo que son arrojadas sobre todo el
colectivo de representantes públicos, es decir, sobre la denominada clase
política. ¿Es justo y acertado? En mi opinión, tanto como demonizar de manera
indiscriminada al conjunto de funcionarios, inmigrantes, desempleados o
empresarios por la deshonestidad y/o malas prácticas llevadas a cabo por un
determinado porcentaje de los mismos.
Ante
el creciente sufrimiento y malestar existente entre la población no es de
extrañar que aumenten las reacciones alejadas de la proporcionalidad y el
razonamiento, y, a tenor de lo acontecido últimamente en el terreno de la
política, es probable que el recelo y desafecto sigan subiendo peldaños.
Si
un cierto número de ciudadanos u organizaciones hacen un uso torticero y
abusivo de los recursos e instituciones públicas, lo lógico y
comprensible es dirigir y concentrar el foco de la responsabilidad hacia los
elementos causantes de las distorsiones y perjuicios, y no así ampliar el
ángulo hasta los 360 grados. Poner tasas elevadas para acceder a la justicia
sin tener presente el historial y las circunstancias de los ciudadanos, ¿es
adecuado y equitativo?
Sensata y sensible reflexión la pronunciada
hace unos días la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff:
<derechos no
