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En respuesta a las solicitudes y manifestaciones públicas llevadas a
cabo desde el sector apícola nacional (y también europeo) para que, desde la
política, se diseñe y aplique un plan de acción que contribuya a la viabilidad
de muchas de las explotaciones dedicadas a obtener un producto consumido desde
hace miles de años, parece que la nueva normativa española contempla reflejar
en el etiquetado el origen de la miel, aunque sin especificar porcentajes; es
decir, los consumidores sabremos de qué países procede, pero sin información
alguna sobre las proporciones de la mezcla, pues parece que en caso contrario
colisionaría con la regulación vigente de la Comisión Europea.
Teniendo presente las necesidades de los apicultores y las preferencias de los
consumidores, lo que choca es la conservación de una norma huérfana de respaldo
social.