Ateniéndose a estudios e informes realizados por organismos públicos y privados sobre la contribución de la inmigración en el incremento de la riqueza de España, no se entiende por qué existen discursos políticos que, indiscriminadamente, relacionan este fenómeno con la merma de la capacidad del Estado para continuar ofreciendo servicios y prestaciones dirigidos a mantener e incrementar la calidad de vida de los ciudadanos.
Que pueda haber localidades en las que, debido a la adversa coyuntura económica, surjan problemas para atender las demandas de una población que sobrepasa sus posibilidades no justifica que se desconozcan o tergiversen unos datos que ponen de manifiesto la necesidad que tenemos de los inmigrantes para sustentar el sistema público de pensiones y nutrir o dinamizar la economía de la nación.
Los políticos cobran para trabajar a favor de la paz, la justicia, el progreso, el bienestar… y no para crear dificultades, escandalosas desigualdades ni sembrar hostilidades… Por ello, es necesario capacitación, honestidad y responsabilidad, pues el problema no es la inmigración, sino el descontrol o mala administración de la misma. Y, por supuesto, para que millones de personas no se vean obligadas a abandonar su tierra y a sus seres queridos, las soluciones son bien conocidas.
