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Escuchar en la radio que había una petición popular con más de un
millón de firmas recogidas para la inhabilitación de los magistrados que
juzgaron a los integrantes de “La Manada” me dejó un tanto perplejo, pues no
parece muy congruente demandar mayor independencia judicial a la vez que se
solicita la suspensión de los jueces cuando sus sentencias no son de
nuestro agrado. En democracia, los ciudadanos tenemos derecho a dudar,
diferir y considerar injusta cualquier sentencia judicial (también sobre
la posición de la fiscalía), sin embargo, pienso que el sometimiento de los
profesionales de la Justicia a los deseos y emociones de la calle no la hace
más equilibrada, sino menos reflexiva y más subordinada.
Por otro lado, ¿sería justo privar a los jueces del ejercicio de la
profesión sin la existencia probada de irregularidades y sin respetar los
cauces establecidos al efecto?
Estar en desacuerdo con una propuesta que considero arriesgada para la
salud democrática, tampoco significa que comparta la descripción judicial de un
escenario sórdido de violación múltiple sin una atmósfera de miedo.
