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Llámesele ignorancia y/o
ingenuidad, hasta no hace mucho tiempo desconocía que un porcentaje de
los presupuestos de muchas administraciones locales estuviera basado en la
recaudación estimada en torno a las infracciones de tráfico. Según apuntan
distintas noticias publicadas en la prensa acerca de esta cuestión, los
objetivos trazados e ingresos obtenidos por muchos ayuntamientos han aumentado
de manera notoria en estos últimos años, y la inversión en medios destinados a
la detección y el registro de sanciones parece que ser no sufre recortes
como consecuencia de la crisis. La verdad, el tema invita a la reflexión,
pues, ¿son de esperar medidas políticas orientadas a reducir una fuente
de la que se depende económicamente? ¿Qué ocurriría en el hipotético caso de
disminuir las multas a la mínima expresión?
El dinero embolsado por el
incumplimiento de las normas de circulación, ¿debe tener la consideración de
una parte fija e indispensable para la financiación del sistema, o ser
tratado como algo aleatorio y extraordinario?
