martes, 19 de junio de 2012

Consecuencias consustanciales

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Las noticias acerca del fraude fiscal y la economía sumergida nunca han sido cuestiones que causaran demasiada desaprobación y desasosiego entre la población, más bien y al contrario, actitudes con las que sacar  pecho, actividades  dignas de aplauso, admiración o envidia.  Es decir, los ciudadanos hemos sido conscientes y, en mayor o menor  medida,  partícipes activos o pasivos en la misma.
Aún recuerdo la contrariedad sentida cuando, hace unos dieciséis años, decidimos dar el paso del alquiler a la adquisición de la vivienda, ya que amistades y compañeros de trabajo  coincidían en el mismo pronóstico: comprar una vivienda sin pagar un porcentaje sustancial del importe total “en dinero B”, sería una ardua tarea,  un  bonito sueño. Por fortuna, y  tras navegar contra viento y marea, fue posible llegar a buen puerto.
Desde la ingenuidad  no lograba entender por qué se transigía y colaboraba con esa práctica, por qué se asimilaba con total naturalidad el abono por debajo de la mesa del salario neto de  un año, cómo era posible semejante connivencia social y política ante un fraude de tal calibre.
Los últimos 20 años de actividad laboral de un vecino fueron desarrollados  alternando los contratos de trabajo entre dos empresas, y una de ellas siempre le abonó buena parte del salario fuera de nómina. Recientemente, un conocido me dice que lleva varios meses trabajando en el interior de viviendas de manera sumergida; comen a diario y tienen que pagar la hipoteca. La carta de una lectora publicada hace unos días en el País, denuncia que a su hijo le ofrecían dos trabajos de camarero, aunque ninguno con contrato laboral.
Si la ciudadanía contempla conductas punibles en quienes desempeñan cargos institucionales sin que las mismas tengan consecuencias, si los fraudes voluminosos gozan de salvoconducto y si la economía de las familias es cada día más precaria y apretada, es obvio que sólo pagará quien no tenga oportunidad de librarse de las deficientes y selectivas redes fiscales.
Consecuencias consustanciales al modelo de  sociedad impulsado, donde los objetivos particulares prevalecen sobre los generales, donde para alcanzar el poder y el lujo se justifica lo inexcusable.