miércoles, 15 de septiembre de 2010

Responsabilidad pública

El Correo>Opinión>cartas del lector

Hace unos meses se originó un debate social en torno a la necesidad o conveniencia de otorgar a los profesores la figura de autoridad pública, quedando de manifiesto que no existe un consenso entre los expertos y profesionales de la enseñanza acerca de la repercusión y eficacia que tendría tal medida a la hora de prevenir, frenar o reconducir la indisciplina y desobediencia mostrada por algunos alumnos en las aulas.
Independientemente de las medidas que puedan establecerse al respecto en los centros educativos, ¿es posible obtener resultados satisfactorios si los jóvenes crecen y se desarrollan en una sociedad donde la honestidad, consideración y ética no son, precisamente, conceptos o principios considerados de alto valor añadido?
Obviamente, hay factores como pueden ser el entorno familiar, la promoción social de la codicia o el contenido soez de ciertos programas televisivos que, en mayor o menor proporción, contribuyen a moldear los principios y conductas de niños y niñas, pero, ¿y en qué medida influyen los comportamientos de las organizaciones y/o personas con responsabilidades públicas? No parece ser muy ejemplarizante que, por ejemplo, desde el ámbito político se insulte y calumnie al adversario sin consideración ni vergüenza alguna; que sea puesta en duda la independencia de las instituciones del Estado cuando sus informes, conclusiones o decisiones son desagradables o adversas para los intereses propios; o que se muestre connivencia y comprensión hacia quienes aparecen inequívocamente contaminados por la inmoralidad o hayan sido condenados por aprovecharse o favorecer el enriquecimiento ilícito.
¿Pueden sembrarse patatas y obtener berenjenas?