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Hasta ahora y, al menos en mi entorno más próximo, no conozco a nadie
que deba dinero por asuntos personales e ignore la cantidad e identidad de los
acreedores. Y en unos tiempos en los que se efectúan más pagos con tarjetas que
en metálico, quién no tiene la buena costumbre de contrastar de forma periódica
los movimientos e importes descontados en su cuenta bancaria. Lo extraño,
ilógico y arriesgado sería mantener una actitud de despreocupación al
respecto. Por ello, una propuesta política como es la de llevar a cabo
auditorías de las deudas contraídas por las administraciones públicas,
lejos de ser percibida por la población como una idea descabellada o una
ocurrencia intrascendente, parece situarse en la línea de la transparencia y
regeneración democrática anhelada y de la que tanto se habla últimamente. Por
qué los ciudadanos (o sea, nuestros hijos y nosotros mismos) deben desconocer
en qué conceptos son deudores de 21.400 euros por cabeza. Si hay voluntad
de corregir conductas al objeto de no caer en la tentación de “vivir por
encima de nuestras posibilidades”, ¿no es importante saber de qué van las
cuentas?
