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Traspasar la línea y el espacio establecido con carácter preventivo entre las piezas expuestas en un museo y los visitantes, con el fin de tocar un cuadro, una maqueta o un resto arqueológico, no es una cuestión para preocuparse en exceso cuando se trata de actos esporádicos y de nula o escasa incidencia en la integridad o el estado de conservación de las obras y materiales.
Adquirir un costoso vehículo oficial al objeto de trasladar a un alto cargo desde el domicilio a la oficina y viceversa, hacerse cargo de la factura del masaje y la suite de lujo de un concejal estresado al que le fascinan los ambiente exquisitos, pagar la invitación arbitraria efectuada al familiar o fiel amigo del partido para participar en el festín público, no provoca o representa una alteración significativa en la economía del Estado en el caso de ser hechos aislados. Claro está, sin que por ello deba fomentarse o dirigir la mirada hacia otro lado, pues no son conductas como para enarbolar y ondear con pasión y frenesí la bandera de la austeridad y la ética.
En cambio, cuando los brotes de la deshonestidad, el descontrol, la ambición y la opacidad administrativa proliferan por el territorio nacional al igual que las setas en un otoño lluvioso, el asunto se torna un problema a tener en consideración, un serio inconveniente que, de no recibir el tratamiento político y social oportuno (rechazo e intransigencia interna en las organizaciones políticas hacia los comportamientos indignos y desleales para con la confianza concedida por la ciudadanía, nitidez en las acciones y cuentas públicas, asunción de responsabilidades sin prebendas ni paliativos políticos y judiciales, o reprobación de la deslealtad e inmundicia por parte de los electores al acudir a las urnas), corre el riesgo de convertirse en plaga.
Adquirir un costoso vehículo oficial al objeto de trasladar a un alto cargo desde el domicilio a la oficina y viceversa, hacerse cargo de la factura del masaje y la suite de lujo de un concejal estresado al que le fascinan los ambiente exquisitos, pagar la invitación arbitraria efectuada al familiar o fiel amigo del partido para participar en el festín público, no provoca o representa una alteración significativa en la economía del Estado en el caso de ser hechos aislados. Claro está, sin que por ello deba fomentarse o dirigir la mirada hacia otro lado, pues no son conductas como para enarbolar y ondear con pasión y frenesí la bandera de la austeridad y la ética.
En cambio, cuando los brotes de la deshonestidad, el descontrol, la ambición y la opacidad administrativa proliferan por el territorio nacional al igual que las setas en un otoño lluvioso, el asunto se torna un problema a tener en consideración, un serio inconveniente que, de no recibir el tratamiento político y social oportuno (rechazo e intransigencia interna en las organizaciones políticas hacia los comportamientos indignos y desleales para con la confianza concedida por la ciudadanía, nitidez en las acciones y cuentas públicas, asunción de responsabilidades sin prebendas ni paliativos políticos y judiciales, o reprobación de la deslealtad e inmundicia por parte de los electores al acudir a las urnas), corre el riesgo de convertirse en plaga.
