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En unos momentos en los que la población asiste a la desaparición y el recorte de servicios o prestaciones sociales, con las negativas repercusiones que ello tiene en las condiciones de vida de millones de personas y, especialmente, en las economías familiares más modestas y precarias (que aumentan de manera progresiva), salta la noticia de que la malformación del feto no será motivo suficiente para llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Si la Ley de Dependencia ha entrado en un proceso de adelgazamiento, si los salarios de los trabajadores y las prestaciones por desempleo sufren los efectos de la poda o del congelador, si la atención sanitaria y el suministro de medicamentos han tomado la senda del copago, y si los recursos públicos destinados a la educación y los cuidados especiales pueden llegar a menguar tanto como el pulpo al cocerlo, las perspectivas familiares y sociales de los niños no deseados con minusvalías o malformaciones nacidos en un entorno de adversidad, exclusión y pobreza, no son como para lanzar las campanas al vuelo.
En Grecia, la crisis ha dado lugar a un fenómeno desconocido en las últimas décadas: el abandono de niños por razones económicas.
