"Seguro que la Generalitat tiene problemas más serios de los que ocuparse". Una contestación formal como esta no es motivo de sorpresa si proviene de la oposición política, de asociaciones vecinales u otras organizaciones sociales que, en el ejercicio de sus funciones, consideran equivocadas, estériles, perjudiciales o interesadas determinadas decisiones o actuaciones del Gobierno. Sin embargo, que una cadena de televisión responda de esta manera a la Generalitat de Catalunya tras haberle pedido la suspensión de un reality show protagonizado por niños/as(tildado como el 'Gran Hermano' infantil), al estimar que pone en peligro el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen de los menores, ¿no es motivo de reflexión?
Por un lado, es de suponer que el programa cumple rigurosamente con la legislación vigente, pues en caso contrario no se habría permitido la emisión del mismo. O sea que, si desde el ámbito político no se modifican o crean las normas pertinentes para regular los contenidos televisivos, continuarán existiendo este tipo de conflictos o divergencias; la ética y la rentabilidad económica, es un matrimonio con muchas infidelidades.
Por otro, ¿cuál es el grado de inmunidad social del que gozan las cadenas para mantener una actitud que denota insensibilidad, desafío o desprecio hacia las preocupaciones o demandas de los representantes de los ciudadanos que, con error o acierto, tratan de velar por la protección de los niños/as? ¡Menudo laberinto!
