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Cuando se indica que en España
sobran miles de funcionarios, uno se pregunta si tal excedente está concentrado
en los cargos de libre designación o en los puestos que, se supone,
fueron creados de manera racional por los representantes elegidos en las urnas
con el fin de cubrir necesidades de las administraciones y ofrecer
prestaciones o servicios que procuren bienestar a la población. Y es que,
atendiendo a datos publicados por la Organización Internacional del trabajo
(OIT), el peso del empleo público en nuestro país está a la cola de los
veintisiete, siendo más del doble en Dinamarca, Suecia y Finlandia,
naciones con las que no conviene compararse en aspectos tales como el
desempleo, la calidad de vida o el nivel de corrupción pública y privada.
¿No será más una cuestión de
buena gestión y concienciación colectiva respecto al valor de los
recursos públicos que de volumen?, al menos en cuanto al cuerpo de
infantes se refiere, pues, ¿no hace falta elevar la cantidad de
personal dedicado en exclusividad a la lucha contra el fraude
fiscal?, ¿no conviene aumentar el porcentaje de guarderías?, ¿no hay que llevar
a cabo labores de prevención de incendios?, ¿no es adecuado facilitar formación
y asesoramiento a las empresas y trabajadores en materias de seguridad laboral
al objeto de reducir el alto índice de siniestralidad? En definitiva, para
lograr niveles de desarrollo social similares a países próximos como los
mencionados anteriormente, ¿es acertado seguir por caminos opuestos?
