Al igual que es un error y un desacierto poner bajo el foco de la
desconfianza al conjunto de ayuntamientos debido a las irregularidades
cometidas por determinadas personas que utilizan la política y las
instituciones públicas para obtener réditos personales y/o partidistas, también
es injusto situar la mirada de la sospecha sobre las universidades españolas de
manera generalizada como consecuencia del elevado nivel de putrefacción
descubierto en una de ellas, donde parece ser que, tanto el dinero
procedente de los impuestos del contribuyente como el reconocimiento y la
entrega de titulaciones entre el alumnado, era algo que se realizaba con
asiduidad siguiendo las indicaciones marcadas en el procedimiento para la
corrupción académica e ilustrada.
De otro lado, qué pensar del papel desempeñado por las autoridades
autonómicas competentes al objeto de evitar el desvío discrecional y pestilente
de los euros aportados por la ciudadanía para elevar la formación nacional.
