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En el edificio donde reside mi madre hay diez viviendas, cinco de ellas
ocupadas por mujeres con más de 70 años de edad que van apañándoselas con
los ingresos procedentes de la pensión de viudedad. Por lo que
conozco, sus inquietudes no giran en torno a la variación de los valores
bursátiles, la evolución de la macroeconomía o el comportamiento de la
cotización del barril de petróleo, sino alrededor de asuntos cercanos y
corrientes: el trabajo de los hijos, el futuro de los nietos, la
cuota de la comunidad de vecinos, la avería imprevista en un electrodoméstico,
la adquisición de alimentos o la factura de las medicinas. Y de un tiempo
para acá se viene escuchando una canción cuya letra añade incertidumbre y
desasosiego en el colectivo de personas con una pensión de viudedad (alrededor
de 2,3 millones), pues habla de sacar estas pensiones (y las de orfandad) de la
Seguridad Social para ser financiadas vía Presupuestos Generales del Estado.
Con independencia de los cambios que pudieran llevarse a cabo al respecto, la
cuestión esencial es si van a continuar gozando de las mismas garantías y
derechos que el resto de pensiones o, por el contrario, pasarían a una
situación de desventaja y mayor desprotección de la que tienen
actualmente. Las necesidades elementales de la gente no disminuyen realizando
ajustes o encajes de cifras.
