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Según la ‘Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares’ elaborada por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), el 90.6% de los niños de 10 años utiliza Internet y más
de la mitad de la población de 11 años dispone de teléfono móvil, con los
riesgos que ello conlleva. Ha salido a la luz pública que la compañía Google
reclama más de 100.000 euros a los padres de un menor de 12 años que, seducido
por la idea de ser un “youtuber” y contando con la colaboración de un amigo
tres años mayor que él, cometió un error y acabó contratando los servicios de
publicidad de la multinacional para promocionar la pagina Web creada entre
ambos. Albergando la esperanza de llegar a contar con un ejército de
suscriptores, cuestión que podría proporcionarles elevadas
dosis de fama e incluso beneficios económicos, acabaron generando un lío de
tres pares de narices con abogado de por medio. Aunque la iniciativa de los
chicos, el desconocimiento de los progenitores y la responsabilidad de la
confusión no sean aspectos atribuibles a la compañía, parece ser que la
sencillez del trámite para realizar la contratación del servicio facilita y da
lugar a serios quebraderos de cabeza y problemas económicos, algo
que podría minimizarse aplicando más filtros o verificaciones.
