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Hace unas semanas, recibí una carta de Tráfico recordándome que mi
coche cumplirá diez años de antigüedad próximamente, tiempo durante el
cual han sido desarrollados elementos de seguridad incorporados en los
modelos actuales. Soy consciente, pero como todavía está en buenas condiciones,
espero que pase unas cuantas veces más la Inspección Técnica de Vehículos
(ITV). Aun siendo indiscutible que la renovación del parque automovilístico
contribuye es un factor positivo a la hora de reducir la siniestralidad en las
carreteras, también lo es que la situación económica de muchas familias no
invita a pasar por los concesionarios y, lo que es más preocupante, e incluso
impide llevar a cabo las revisiones y mantenimientos pertinentes para mantener
los vehículos en buen estado. Y, lamentablemente, los efectos de la escasez no
solo repercuten en la seguridad vial, sino que se trasladan e inciden de manera
negativa en diversas cuestiones relacionadas con la salud pública como pueden
ser la alimentación, el acceso a los medicamentos, las
visitas al dentista o la temperatura y la seguridad en el hogar. Un
estudio de la Universidad de las Palmas cuantifica en unos 40.000 millones de
euros el coste social de la corrupción, una cantidad nada despreciable que
podría ser destinada al progreso del país y al bienestar de los ciudadanos.
