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Hace unos días leí en la prensa
que, abogados de la ciudad de Málaga, han manifestado su desacuerdo y
rechazo por la nueva tasa municipal que gravará con 20,44 euros la solicitud de
un atestado de accidente de tráfico, al estimar que dificulta el acceso de los
ciudadanos a la Justicia, que supone un doble pago de impuestos y que el
desembolso realizado por las compañías aseguradoras en estos documentos acabará
trasladándose al bolsillo de los asegurados. Pues, si a los letrados malagueños
les parece excesivo y fuera de lugar pagar esa cantidad por un par de folios,
qué dirían si la factura del atestado fuera de 48,80 euros, cifra abonada la
semana pasada al Ayuntamiento de Gijón para obtener el que fue
confeccionado por la policía local con motivo del atropello de un familiar muy
cercano. Estupenda perspectiva social la ofrecida por un paisaje con el
nivel de bienestar general en descenso y las cargas impositivas trepando
hacia las cumbres.
