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Desde que tengo uso de razón, la imagen social cosechada alrededor de la figura de los inspectores de Hacienda es, poco más o menos, la de unos gélidos e inexorables usurpadores que llaman a la puerta para dejarte a dos velas, la de unos insaciables vampiros del esfuerzo ajeno. Y, sin embargo, los expertos estiman que el fraude fiscal en España es de decenas de miles de millones de euros (en torno al 23% del PIB), superando en diez puntos a la media europea. Hace unos días leí un artículo del diplomático español Antonio Núñez, donde indicaba que, entre distintas cuestiones consideradas como fundamentales e irrenunciables en Suecia para hacer posible la sostenibilidad del Estado de bienestar, está la de llevar a cabo “una política fiscal obsesivamente justa y distributiva”. Se habla constantemente de la innovación en el ámbito de los sectores productivos como factor determinante para mantener el progreso y desarrollo de nuestro país, pero, ¿es ello posible sin una reforma sustancial de la concienciación colectiva respecto a la responsabilidad contraída en materia de equilibrio y justicia social?
