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Un informe reciente de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que España
destaca por los recortes hechos en materia educativa desde el inicio de la
crisis económica, así como en el porcentaje de jóvenes que no estudian ni
tienen ocupación laboral, subrayando la vinculación existente entre
una educación de calidad y una financiación pública adecuada y sostenible.
Pocos días antes de que los medios de comunicación se hicieran eco de los
desalentadores datos dados a conocer por la OCDE, salía a la luz pública la
denuncia presentada por un alumno malagueño que, con la
entrada en vigor de la nueva normativa, no podrá continuar los estudios
de Formación Profesional Básica por tener 21 años y diversidad funcional,
cuestión que le impediría finalizar la etapa formativa emprendida y obtener un
certificado de profesionalidad. ¡Qué disparate!, por un lado se
introducen medidas legislativas y destinan cuantiosos recursos
públicos a la eliminación de barreras arquitectónicas, a facilitar el
transporte y el acceso al mercado laboral de las personas con
discapacidad; y por otro se colocan obstáculos en el camino de la formación y
el desarrollo personal. Cerrar puertas a la inquietud, la voluntad y el interés
manifiesto hacia el aprendizaje, ¿proporciona beneficios sociales?
