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Bien sea a través
de la televisión o de manera presencial, en ocasiones tenemos conocimiento de
alguna edificación que, debido a defectos en la cimentación o a otras anomalías
técnicas, sufre deterioros en su estructura y/o paredes que dan lugar a
intervenciones de carácter correctivo y, en el peor de los casos, al derrumbe
controlado de la misma. En el terreno de la política, es obvio que existe
cierta inclinación a levantar construcciones legislativas sobre firmes
parlamentarios cuya estabilidad se ve comprometida a corto plazo (tal
como sucede en materia educativa), leyes que presentan pronunciadas fisuras
políticas y escasa capacidad aglutinadora, disposiciones modificadas
en profundidad o derogadas en su totalidad antes de lo previsto, es decir, tras
cambiar el reparto de votos en las urnas. Y, ante los pronósticos de las
encuestas y lo prometido por buena parte de las formaciones políticas más
representativas de cara a las próximas elecciones generales, en la legislatura
que viene podrían llevarse a cabo reformas y demoliciones de calado. Con
frecuencia se alude y escucha pronunciar el término sentido de Estado,
pero hablar es gratis y, hasta el momento, parece que los fraudes y las
decepciones electorales no han restado lo suficiente como para tomar nota.