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Creo que fue en la adolescencia y a través del cine cuando, por vez
primera, tuve conocimiento de que había situaciones en las
que los ciudadanos podían gozar de seguridad y protección especial por
parte del Estado si, dado el caso, optaban por testificar y colaborar con la
policía y la administración de Justicia en determinados procesos
penales. Testigo protegido, es como suele denominarse a la figura
con riesgo de sufrir represalias de cierta entidad por mantener una
cooperación judicial. Pues bien, después de ver un programa de televisión
en el que se describían múltiples casos de corrupción política destapados en
ayuntamientos distribuidos a lo largo y ancho de la geografía española, y
teniendo presente que buena parte de quienes tomaron la decisión e iniciativa
de denunciar tales actuaciones irregulares llegaron a ser acosados, relegados y
despedidos del trabajo, me vino a la cabeza el tema de los testigos
protegidos y la sensación de vivir en un mundo al revés. ¿Es
factible llevar a buen término un proyecto de renovación y transparencia
democrática con la aplicación de productos anti-honradez?
