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Como comentaba un juez en un
programa de televisión, llama la atención que, siendo la cantidad de personas
declaradas culpables en delitos de cuello blanco y corrupción un porcentaje muy
bajo de la población reclusa, sean este tipo de delitos los más beneficiados
por la aplicación del indulto. Recientemente, distintas asociaciones de jueces
y fiscales han manifestado su preocupación ante la carencia de recursos humanos
y materiales para afrontar y resolver con mayor eficacia y diligencia los
numerosos casos abiertos relacionados con la corrupción y el enriquecimiento
ilícito, conductas estas que, si no son combatidas con garantías, decisión y
ejemplaridad, erosionan o impiden el progreso social y la necesaria confianza
de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. Y, si a ello se le suma
el coste que para las arcas públicas tienen las complejas investigaciones y
procesos judiciales destinados a tratar de aclarar y resolver hechos de
semejante naturaleza, puede decirse que hay indultos en los que la
rentabilidad social brilla por su ausencia.
