Tras el fallecimiento de mi padre, descubrí, fuera de plazo, que era necesario realizar determinados trámites burocráticos y pagar a la administración local y autonómica las tasas correspondientes al impuesto de sucesiones, cuestión que me llevó a iniciar el peregrinaje por un buen número de oficinas y ventanillas y a pagar algo más de 400 euros de penalización por la demora existente en la gestión de mis obligaciones fiscales. He recordado esto al leer el artículo de Javier Cuervo sobre el analfabetismo funcional (Magazine del 23/X/11) y sus probables consecuencias, pues en aquel momento tuve que preguntar y/o solicitar la colaboración de algunos funcionarios para aportar y cumplimentar correctamente la múltiple documentación requerida. Ante semejante situación, ¿qué hubiera hecho mi madre? ¿Cuántas personas mayores tienen que abonar importes superiores al de su pensión a la muerte de su cónyuge para que un profesional lleve a cabo las gestiones que regularicen su nueva situación? ¡Qué enrevesados y rentables resultan ciertos asuntos!
