Al adquirir productos con materiales o componentes electrónicos pagamos el IVA, así como el correspondiente porcentaje para costear parte de las posteriores fases de reciclado una vez nos deshacemos de éstos. Pues, según indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el nivel de fraude o incumplimiento normativo en el tratamiento de estos residuos es considerable, ya que solo el 40% de los 15 electrodomésticos sometidos a seguimiento llegaron a pasar el proceso adecuado. Es evidente que donde hay dinero surgen tentaciones, sin embargo, cuando las pautas fraudulentas salpican la vida social y alcanzan dimensiones sobresalientes, como pudiera ser en el campo de la fiscalidad o en este mismo, por una parte, se pone de manifiesto que en materia de educación y conciencia colectiva no es como para sentirnos satisfechos. Por otra, parece señalar que los mecanismos estatales de control son insuficientes, están distraídos o bastante despistados, es decir, menos eficientes de lo que cabría esperar. ¡No nos queda nada!
