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Hasta no hace mucho tiempo el común de los mortales solía escuchar, leer o emplear la palabra fuga en contextos que, habitualmente, hacían referencia a escapes involuntarios de productos peligrosos como consecuencia de un accidente, a la pérdida de agua detectada por el vecino de abajo, a la huida improvisada o planificada de personas con llamativos trajes a rayas... Sin embargo, el abanico de acepciones parece haberse ampliado, y ahora es término también es usado para anunciar otra clase de problemas: la fuga de capitales y cerebros financieros.
Si bajo el deber de velar por la seguridad y salud de los ciudadanos, los gobiernos y administraciones públicas establecen normativas que tienen el objetivo de evitar o minimizar los vertidos incontrolados y los daños que puedan derivarse de los mismos, ¿por qué no se toman o implementan las medidas preventivas necesarias para reducir, obstaculizar y controlar las fugas de dinero que causan daños en la calidad de vida de las poblaciones? ¿Por qué algunos cerebros están tan cotizados a pesar de ser los artífices de sistemas económicos que deterioran el bienestar de millones de familias y condenan a la precariedad a un enorme número de jóvenes con gran capacidad y brillantes expedientes académicos?
Demasiadas cumbres internacionales, para tan escasos resultados.
