De todos es sabido que para afrontar y solucionar un problema es imprescindible que éste sea reconocido. Hasta ahora el mayor partido político de la oposición y alternativa de gobierno, ante las investigaciones o procesos abiertos por el denominado caso 'Gürtel' ha mantenido una actitud errática y contraproducente. Negando la existencia de presuntas irregularidades llevadas a cabo por miembros o cargos públicos de su partido, adoptó una postura defensiva, de víctima que sufre un orquestado acoso exterior, una persecución de tinte inquisitorial y dudosa legalidad que, sin duda, no favorece ni contribuye a mantener el clima de confianza y credibilidad que debe reinar entre la población y las instituciones públicas.
Afortunadamente para este País y sus ciudadanos, la realidad indica que el Estado de derecho goza de salud y no está en riesgo pues, precisamente, que los engranajes y mecanismos del Estado se muevan sincronizadamente para abortar o evitar la consolidación y extensión de comportamientos inmorales o delictivos por parte de los cargos públicos, es una muestra de fortaleza democrática. Y, con el ánimo y la intención de garantizar esta correcta dinámica, ¿no es necesaria la colaboración y el esfuerzo de todos los partidos políticos para ejercer con eficacia una labor preventiva y, en su caso, de sustitución de quienes obstaculicen o deterioren el buen funcionamiento de la democracia? Por el bienestar e interés general, ¡caiga quién caiga!
