A raíz de la denuncia pública que la ONG Prodein lleva a cabo para alertar sobre la adversa situación en la que está inmersa una joven marroquí embarazada de siete meses que tendrá que regresar a su país tras serle denegado el asilo político en España, leo con consternación que la legislación de Marruecos prevé sanción económica para las madres solteras e incluso pena de prisión para las personas que tengan relaciones con quien no profese la religión musulmana.
Mientras las creencias religiosas condicionen, marquen o delimiten el ámbito o superficie de libertad social de los países y sus ciudadanos, ¿será posible la soñada alianza de civilizaciones?
Difícil lo ponen quienes, por cuestiones de fe, alimentan las exclusiones. O sea, todos hermanos, pero cada uno en su casa.
