El fin de semana pasado, los medios de comunicación dieron una noticia
más sobre la explotación laboral a la que son sometidas personas inmigrantes
por otros compatriotas que se aprovechan de su vulnerabilidad económica,
desamparo social e irregularidad burocrática. Parece ser que los atropellos
tenían lugar en una empresa familiar ubicada en Murcia dedicada a la compra de
ropa usada para después venderla en distintos países del continente africano.
Es muy lamentable que la población deposite prendas en los contenedores de una
organización no gubernamental (ONG) para que, finalmente, acabe siendo una
fuente de engorde de unos pocos desaprensivos a costa de la concienciación
ciudadana y la delgadez extrema de un colectivo de mujeres y hombres en
circunstancias penosas.
miércoles, 16 de diciembre de 2020
Un mayor control
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