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Dentro del abanico de comentarios dejados por los lectores a raíz de
la noticia publicada en la prensa sobre una reciente propuesta política
consistente en crear un impuesto municipal de 10 euros anuales por la tenencia
de un perro, se podía leer que entonces habría que imponer una tasa a quienes
tengan hijos por el gasto ocasionado a las arcas públicas en cuestiones como la
educación, la sanidad o los parques infantiles, así como prohibir la entrada de
los niños en los espacios de esparcimiento habilitados para los animales.
Parece no tenerse en cuenta que la transformación del entorno y la
configuración de la arquitectura social persigue satisfacer las necesidades
humanas (sin que ello signifique mantener una actitud de crueldad, desprecio o
indiferencia hacia el equilibrio de los ecosistemas y la sostenibilidad de la
vida en el planeta), y que invertir en la formación y la salud de
los menores no es un lujo ni una excentricidad social. Quienes van a
ejercer en un futuro la profesión de veterinario, ¿las mascotas o las personas?