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Desde instancias políticas se
acostumbra a efectuar declaraciones que, buscando el apoyo ofrecido
por la muleta de la comparación con países del entorno -de escasa inestabilidad
en muchas ocasiones- o amparándose en las directrices y recomendaciones
establecidas desde Bruselas u otras instituciones de carácter internacional,
tratan de justificar la puesta en práctica de medidas de índole
económico, laboral, impositivo o asistencial que no suelen ser recibidas con
ovaciones ni provocar fuertes e intensas carcajadas entre la población. En
cambio, escasean los discursos y pronunciamientos alusivos a la conveniencia de
homologarse en cuestiones que contribuirían a elevar el nivel ético y democrático,
como las relacionadas con las actitudes y conductas de
quienes desempeñan cargos públicos y políticos. ¿Qué autoridad
moral se tiene al hacer lo contrario a lo que se predica? ¿Cuál es el
grado de calidad representativa cuando se engaña, ningunea y desvían
recursos de los contribuyentes hacia acequias destinadas a regar y
satisfacer espurios intereses? La indecencia es cara, contamina las aguas
políticas y frena el desarrollo social.
