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Cuando se declara un accidente que requiere la intervención de los bomberos o de los servicios sanitarios, nadie se escandaliza porque actúen con diligencia y profesionalidad, ni son objeto de críticas o reproches por ejercer sus competencias.
Sin embargo, cuando las autoridades encargadas de investigar, detener y juzgar los casos de corrupción tratan de llevar a cabo su trabajo con eficacia y esmero, no es extraño que se produzcan efectos adversos y perjudiciales para la democracia: descalificaciones y sospechas sobre los mecanismos institucionales encargados de la prevención y el saneamiento de conductas corrosivas para el Estado de derecho y, por ende, para los intereses de la ciudadanía. Además, sorprendentemente, las manos que arrojan desconfianza y confusión son las mismas que dicen trabajar en pro del bienestar de la comunidad. Sin honestidad, ¿puede ofrecerse garantía?
