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Al observar el mapa político del despilfarro y la corrupción
española, puede distinguirse el brillo
de una característica común de gran parte de los pueblos, ciudades, provincias
y comunidades autonomías donde las huellas del descontrol y la indecencia han sido más profundas (con empleados
públicos sin cobrar sus nóminas durante meses, incapacidad o merma acentuada en
la prestación de servicios públicos importantes para la población, cierre de
empresas por impago de los trabajos realizados y materiales servidos a las
administraciones o niños ateridos en aulas sin calefacción): la responsabilidad
de gobernar concentrada en las mismas manos
durante varias legislaturas seguidas. Circunstancia esta que, aunque no
conduzca de manera ineludible a adoptar posiciones insensatas, deshonestas y
contrarias al interés general, parece favorecer
el desarrollo y penetración de la
corrosión política y ética. La ciudadanía acudió a las
urnas hace tres meses y, por vez primera desde en la el inicio de la transición
democrática, no ha sido posible la formación de un gobierno e incluso cobra
fuerza la opción de repetir las elecciones, una novedad y sorpresa política que, por el bien del conjunto, esperemos sirva para debilitar y dificultar
el paso tóxico de las hermandades de
corruptores y corruptos nacionales.
